Defensoría impulsa acuerdo para destrabar atención a personas vulnerables entre CCSS e IMAS
La Defensoría de los Habitantes intervino para resolver un conflicto entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que afectaba a personas en condición de vulnerabilidad.
La institución recibió múltiples denuncias de ciudadanos que, al solicitar una pensión del Régimen No Contributivo o el aseguramiento por cuenta del Estado, enfrentaban un ciclo burocrático entre ambas entidades. Algunos pacientes hospitalizados, sin seguro ni acceso a medicamentos o citas médicas, quedaron atrapados en esa maraña administrativa.
El desacuerdo gira en torno a la responsabilidad de actualizar la información socioeconómica en el Registro de Información Social (RIS) del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE).
Durante una sesión de trabajo convocada por la Defensoría, participaron el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, la presidente ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, y la presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleni León, junto con sus equipos técnicos.
El IMAS sostiene que la CCSS remite a sus oficinas a personas que solicitan servicios bajo su competencia, especialmente pensiones del régimen no contributivo y aseguramiento estatal, para que el IMAS aplique o actualice el RIS.
Según el IMAS, esta práctica traslada indebidamente una carga institucional y contraviene el principio de legalidad, ya que la CCSS tiene acceso directo para realizar esa gestión.
Por su parte, la CCSS argumenta que esa tarea no forma parte de sus competencias, porque la institución no define condiciones de pobreza ni recibe recursos para esa labor. El problema, que surgió en 2021, se intensificó en los últimos meses.
