Corte respalda cierre de la DIS y avala traslado de funciones al OIJ y Seguridad Pública
La Corte Suprema de Justicia calificó como “oportuno” el cierre de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y aprobó este lunes un informe favorable al proyecto de ley presentado por el Frente Amplio.
La propuesta plantea eliminar la institución y trasladar sus recursos, personal y funciones al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
El informe, rendido por la magistrada Patricia Vargas, determinó que el proyecto no afecta la organización ni el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que no requeriría una mayoría calificada de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
Vargas afirmó que desde el análisis que se hizo no existe ninguna afectación. Se trata de un traslado de competencias relacionadas con investigaciones al OIJ y al Ministerio Público, funciones que ya corresponden al Poder Judicial por disposición legal.
La DIS opera bajo el mando exclusivo del presidente de la República y tiene como función principal recopilar y analizar información sobre riesgos a la seguridad nacional.
El proyecto excluye a la DIS de la lista de cuerpos policiales reconocidos por Ley y deroga toda disposición que respalde su existencia. También ordena distribuir las funciones entre el OIJ y el MSP: el primero asumiría las investigaciones judiciales y el segundo las tareas preventivas y administrativas.
El personal pasaría al MSP, que lo reubicaría en distintos cuerpos policiales según criterios técnicos y de idoneidad. En el caso del OIJ, la incorporación dependería de un convenio con el Poder Judicial, con el fin de respetar la separación de poderes y los requisitos propios de la institución.
Los bienes y equipos de la DIS se asignarían al MSP para su redistribución en el país. La Corte recomendó establecer criterios claros para esa transferencia y evitar decisiones discrecionales.
En cuanto a los archivos y expedientes, el proyecto dispone su traslado al MSP y posteriormente al Ministerio Público. El alto tribunal sugirió fijar un plazo específico para esa entrega, ya que los documentos podrían contener información sujeta a prescripción penal.
El presupuesto de la DIS se dividiría en partes iguales entre el OIJ y el MSP. El primero destinaría su porción a la creación de plazas para investigadores, mientras que el segundo reforzaría sus cuerpos policiales.
La iniciativa establece un plazo de seis meses para completar el cierre de la DIS y formalizar el traslado de todas sus funciones.