Con la intención de ayudar a disminuir la gran cantidad de quemas que se dan en terrenos abiertos y que generan una afectación importante de actividades productivas y a seres vivos, los diputados de la Comisión Especial de Ambiente dictaminaron positivamente el expediente 23,485 que pretende controlar y penalizar estas quemas en terrenos abiertos.
El proyecto reforma varios artículos de diferentes leyes entro de ellas el código penal para imponer penas por quemas o incendios provocados, el cual será reprimido con cárcel de cinco a diez años a quien realice una quema vandálica, de dos a cinco años cuando el peligro común para las personas o los bienes fue causado por culpa y una pena de seis a cuatro años cuando el daño recaiga sobre terrenos dedicados a actividades agrícolas o pecuarias.
La proponente de la iniciativa, la social cristiana Daniela Rojas, señaló la importancia de avanzar con esta legislación.
La comisión también evalúa el expediente 23,650 que reforma la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para autorizar una tarifa de protección del recurso hídrico en asociaciones administradoras de acueductos comunales conocidos como asadas.
El legislador frenteamplista Ariel Robles apoyó la iniciativa.
La propuesta autoriza la aplicación de una tarifa a cada servicio abonado siempre y cuando esta no exceda el 10% de los ingresos mensuales de las asadas.
Igual suerte corrió el expediente 23,896 que faculta el Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC) para titularizar los fondos propios que generen las áreas tales como: Tarifas de ingreso y cualquier otro tipo de tarifa, el pago de servicios ambientales, los canjes de deuda, los cánones establecidos por la ley, el pago por cualquier otra actividad que se realice dentro de las áreas silvestres protegidas y por los cuales se cobre una tarifa de entrada o cualquier ingreso bajo dicho título.
