El caso de la “trocha fronteriza” inicia hoy su camino por los tribunales con 26 acusados en el ojo del Ministerio Público y que podrían ir a juicio por sus actuaciones.
Fue hace ocho años cuando estalló la polémica por eventuales irregularidades en el proceso de ejecución de la llamada “Ruta Juan Rafael Mora Porras” o Ruta 1856.
Entre los imputados figuran empleados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y de algunas constructoras; que aparentemente se beneficiaron del dinero invertido en la trocha, el cual asciende a 20 mil millones de colones de acuerdo con cifras de la Fiscalía.
En enero del presente año, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo sobre la expresidente de la República, Laura Chinchilla, el exministro del MOPT, Francisco Jiménez, el exvicepresidente Luis Liberman, el exfiscal Jorge Chavarría; así como a otras 43 personas, por lo que no figuran como imputados en la causa que la Fiscalía sigue por este expediente.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que reclamará ¢1.600 millones por daños materiales y por el perjuicio ocasionado a la sociedad costarricense.
En total son 18 empresas constructoras que están siendo vigiladas por presuntos desembolsos irregulares por los presuntos delitos de cohecho propio, peculado, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
