La Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, dictaminó el expediente 24.612 el cual reforma la Ley de Creación de la Dirección General de Actuación Social, con el objetivo de establecer como obligación trabajar, estudiar o ambas en prisión para los privados de libertad.
Según la delegación, este ajuste tiene como principal propósito para que los privados de libertad modifiquen su conducta y tengan una herramienta con la cual puedan emplearse al salir de la cárcel.
La diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, detalló que la nueva norma es “inconstitucional”.
Asimismo, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García y el diputado del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas se refirieron sobre este tema.
Por otra parte, la comisión aseguró que dictaminaron de forma “positiva” los expedientes 24.602, reforma al artículo 159 y adición de un artículo 159 del código penal, con el objetivo de combatir las relaciones impropias.
Así como el expediente 24.860, Ley del Régimen sancionador de Personas Servidoras e integrantes de listas de suplentes elegibles del Poder Judicial.
