Los rectores de las universidades públicas oficializaron este miércoles su demanda contra el Estado costarricense por incluir a los centros de enseñanza superior estatales en la reforma tributaria aprobada el pasado mes de diciembre.
Los jerarcas se apersonaron al Juzgado Contencioso Administrativo para presentar la gestión contra los Ministerios de Hacienda, Presidencia y Planificación.
Se trata del reglamento sobre el III título de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el cual expone unos límites al crecimiento de pluses salariales como dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional y el auxilio de cesantía.
Los recurrentes son los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, el del Tecnológico de Costa Rica (TEC), Julio Calvo, el de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias y el jerarca de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Marcelo Prieto.
Para ellos, la regulación del empleo de las universidades es competencia solo de las mismas instituciones.
Es decir, no las afectan las disposiciones de la ley de salarios que alcanzan a los empleados nombrados por Servicio Civil.
