Altos funcionarios deberán aclarar a Contraloría sus anteriores empleos y negocios, pretende proyecto del PAC
La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó un proyecto de ley para evitar conflictos de interés para personas que se muevan entre puestos del sector público y privado.
El proyecto pretende obligar a quienes aspiren a altos cargos en el sector público a indicar a la Contraloría General de la República (CGR), las ocupaciones y negocios que han tenido en los últimos dos años.
Además, si se aprueba el proyecto de ley deben declarar ante el ente contralor los contratos suscritos con la Administración Pública durante los últimos dos años por sí mismos o por las sociedades y estructuras jurídicas en las que cada funcionario, su cónyuge, o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, participen como accionistas o beneficiarios finales.
Este efecto también aplica para los funcionarios salientes, es decir, un exfuncionario no podría prestar servicios a título personal o mediante una sociedad en un sector competitivo donde ejerció en la función pública.
Para el extrabajador o trabajador que incumpla con la eventual ley, habrá multas impuestas según determine la Contraloría que van desde 30 a 300 salarios base.
Para efectos del expediente, se entiende por altos funcionarios, presidentes, ministros, magistrados de la Corte y del Tribunal Supremo de Elecciones, superintendentes, presidentes ejecutivos, alcaldes, miembros de juntas directivas, auditores, gerentes; así como sus respectivos suplentes en caso de tenerlos.
También aplica para los jerarcas de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Aresep y el Banco Central.
