La Sala Constitucional avaló el proyecto de ley que pretende sancionar a empresas constructoras que incumplan contratos con el Estado sin previo aviso.
El alto tribunal concluyó que la iniciativa no contraviene los principios de igualdad, de razonabilidad y proporcionalidad, ni el de tipicidad de los ilícitos penales, consultados.
El proyecto fue presentado en la legislatura anterior y fue puesto a despacho por la congresista de Liberación Nacional, Karine Niño.
Un grupo de diputados alegó ante la Sala que el plan violaba el principio de igualdad ya que según consideran, se está creando una sanción especial para los contratistas de infraestructura vial, con un esquema más gravoso y punitivo que el general que aplica para el resto de los contratistas del Estado en sus diferentes ámbitos.
La iniciativa pretende castigar hasta con 10 años de suspensión a las compañías que tengan incumplimientos en situaciones contractuales con el Estado. Esto también aplica para las empresas que auditan esos contratos.
De esta manera todas las consideraciones constitucionales que tenían los legisladores se desestiman y en cuanto la resolución sea entregada al Congreso, este podrá someter a votación en segundo debate.
